A menudo, cuando se habla del precio de la vivienda, se deja de lado un elemento que resulta crucial en la formación de su precio: los impuestos. Las tintas se suelen cargar en si los márgenes de los promotores son o dejan de ser abultados o en presuntos movimientos especulativos con el suelo que encarecerían los precios. Pero desde el sector se pone el acento en que la alta fiscalidad que soporta la compra de vivienda en España es uno de los elementos que condicionan, y mucho, su precio e impiden el acceso a la misma a determinados colectivos. Lo cierto es que los impuestos que genera el mercado inmobiliario son una importante fuente de ingresos para las arcas públicas a las que las administraciones no parecen dispuestas a renunciar. A falta de contabilizar diciembre, en 2022 las comunidades autónomas ingresaron 10.465 millones de euros a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del de Actos Jurídicos Documentados (AJD), según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y que ha recopilado la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Publicado por: La Razón

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